lunes, 4 de febrero de 2019

Irregulares casos de investigación denunciados por comisario principal de PDVSA

Maibort Petit
Venezuela al Día

En esta tercera entrega presentamos una serie averiguaciones a cargo de Silvestre Molero Torres, quien a lo largo de un extenso informe detalla, entre otros asuntos, un conjunto de irregularidades e ilícitos que tuvieron lugar en el seno de la principal industria venezolana y que derivaron en la pérdida de miles de millones de dólares del patrimonio nacional.


El informe correspondiente al año 2017 presentado por el comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, da cuenta de una serie de irregularidades cometidas en el seno de Petróleos de Venezuela S.A. con gran afectación del patrimonio de la estatal. En esta tercera y última entrega damos cuenta de los casos de investigación adelantados por la Oficina de Apoyo al Comisario en conjunto con otros organismos de la misma industria, así como con instituciones jurisdiccionales, los cuales versan sobre manipulación de los factores con que se calculan los precios de los crudos de exportación, el absoluto descontrol en el manejo de la oficina de PDVSA Gas en Colombia con manejo discrecional de los recursos asignados a este despacho, otorgamiento de contratos irregulares, pago de comisiones y lavado de dinero, vinculación de la estatal y sus filiales con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht y una trama que permitió la conversión irregular de deuda contraída en bolívares a dólares.

Entre las observaciones y recomendaciones formuladas por el funcionario, destaca la de realizar una auditoría a los procesos de procura con China. Con el objetivo de establecer y conocer en detalle el trabajo desarrollado por el equipo de PDVSA que desde hace varios años se encuentra en Pekín en labores de “catalogar las más importantes empresas fabricantes y comercializadoras de suministros de la República de China”. Para Molero Torres es importante evaluar si dichos trabajos satisfacen lo establecido en las normas y procedimientos empleados en la selección de proveedores, así como determinar la composición accionaria de esas empresas proveedoras al país de mercancía de origen chino.

Caso de la oficina de PDSA en Viena

El comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, hace referencia en su informe 2017 al caso referido al desfalco a la industria a través de una trama consistente en la manipulación del llamado Factor K y de los escaladores AGA por parte de los encargados de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera de Viena de la estatal. La acción trajo como consecuencia importantes reducciones en los precios de los cargamentos de crudo desde el año 2009 al 2017.

Molero Torres informó a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018, que en la fórmula de los precios de los crudos pivotes de exportación, a saber, el Santa Bárbara, Boscán, Mesa 30 y Merey 16, se aplican dos elementos, uno, el ajuste por gravedad °API y contenido de Azufre del crudo denominado Escalador “AGA”, y dos, el Factor “K”. Este último tiene que ver con la situación actual en el mercado petrolero mundial que incluye las variaciones dadas en las condiciones sociopolíticas y coyunturales prevalecientes en el puerto de destino de los cargamentos.

Hace mención que al cierre del informe, ya el Ministerio Público daba cuenta de que la exdirectora de la citada oficina se había declarado culpable, habiéndose dictado una sentencia para que pagara cinco años y ocho meses de cárcel por su participación en la alteración en las bases para la determinación de precios del crudo comercializado y exportado al exterior.

Se trataba de una trama de corrupción compleja consistente en la manipulación de los referidos componentes que se utilizan para calcular el precio de los crudos venezolanos ocasionando grandes pérdidas a la nación.

Se explica en el informe que la empresa JBC Energy y la oficina de Viena “subvaloraron el Factor ‘K’ del crudo mediano y pesado venezolano” por lo que se perdió competitividad en el mercado y los clientes perdieron interés en comprar. La Oficina nunca actuó legalmente contra dicha empresa, y por el contrario, continuó contratando sus servicios. Ante esta situación el Ministerio Público propuso llevar a cabo una auditoría del período 2009-2015.

Molero Torres advierte la necesidad de profundizar en establecer las pérdidas adicionalmente a las auditorías realizadas, subrayando que con la data disponible para ese momento era un elemento de referencia “para la estimación de la provisión por pérdidas que requiere el ajuste a los resultados financieros de PDVSA de años anteriores y la porción de cuanto aplique a los resultados del año 2017”. Llamó a determinar la existencia de soportes documentales sobre contratos concretos beneficiados con fórmulas de precios en los cuales se hubiera manipulado el Factor K, y el Escalador “AGA”, en términos desventajosos para PDVSA y de “existir papeles de trabajo internos que señalen la existencia de la subestimación referida, o potenciales casos de sobreestimación de ambos conceptos, igualmente producidos con intencionalidad dolosa; es posible entonces estimar con cierto fundamento la propuesta de ajuste de la materialidad financiera resultante del impacto causado por el hecho investigado, como complemento del impacto material revelado en los papeles de trabajo y expedientes que reposan en el Ministerio Público y que han determinado un alcance de pérdidas por un monto de MMUS$ 4.800”.

Se indica que el riesgo de subvaloración de los precios de venta de crudos de exportación por las circunstancias descritas, calculados por una empresa desde el extranjero exponía “la indispensable confiabilidad, confidencialidad y soberanía que debe ser ejercida sobre la información relacionada con precios de los crudos venezolanos. Esta situación de riesgos, referida a la utilización del Factor “K” fue reportada en el informe de Auditoría interna, con referencia N° CNI-INT-P-2010-023, emitido en diciembre de 2010. Igualmente, fue reportado por la Gerencia Funcional de Auditoría que atiende las Ventas de Exportación y otros Negocios Internacionales, ante la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa en agosto de 2015”.

Precisa el informe que en enero de 2018 la Oficina Para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación (ODPCE), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en Caracas, asumió la tarea de determinar el precio de crudos de exportación y sin la injerencia de la empresa JBC Energy ni de la Oficina de PDVSA en Viena.

El Comisario Principal de PDVSA alertó acerca de la importancia de una adecuada coordinación con el Ministerio Público que coadyuvaría a determinar si existen casos específicos de la modalidad utilizada para forzar elementos matemáticos que mermaran el verdadero valor del Factor “K” y del Escalador “AGA” también permitiría conocer si están identificadas transacciones con contratos específicos que eventualmente han beneficiado a terceros.

Silvestre Molero Torres indicó que al cierre de 2017, con base a diversa documentación, trabajó para establecer las posibles afectaciones contables por manipulaciones en el cálculo de los conceptos en referencia.

A través del memorando COM-2018-0022 fechado el 17 de abril de 2018, recomendó coordinar desde el Comité de Auditoría de PDVSA, con el auxilio de la nueva administración de la Oficina Para la Determinación del Precio de Crudos de Exportación y la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, la labor de levantar todo el marco teórico para “analizar y establecer las bases de la formulación del precio del crudo producido en territorio nacional, medir riesgos en la elaboración de estos precios y asimismo evaluar la salvaguarda de soberanía en tal formulación. Asimismo, determinar bases metodológicas que permitan estimar las pérdidas y los registros contables, contra los resultados del ejercicio 2017”.

Instó a conformar equipos de trabajo con especialistas en la formulación de precios, a los fines de realizar una auditoría forense que permitiera examinar la razonabilidad de precios calculados, con base en todos los elementos que participan en su formulación, con énfasis especial en la incidencia del Escalador “AGA” y del Factor “K”.

Asimismo, pidió llevar a cabo una reunión de alto nivel, incluyendo al Ministerio Público que facilitara la gestión de la data e información necesaria para estimar y conciliar las pérdidas generadas por efecto de los casos de sobre o sub estimación del Factor “K”, y del Escalador “AGA”.

Soberanía y control interno en la determinación de precios del crudo

El Comisario Principal de PDVSA solicitó a la nueva administración de la Oficina Para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación que indicara las acciones de control interno adoptadas para asegurar el ejercicio pleno de soberanía en el proceso de fijación de precios del crudo exportado de modo de asegurar la idoneidad e integridad en las variables ajustables en las que existen riesgo de manipulación como son el Escalador “AGA” y el Factor “K”.

En tal sentido, la referida oficina emitió un informe complementario a las reuniones previas mantenidas con el despacho del comisario Molero Torres en las manifestó que desde enero de 2018 “Venezuela ejerce su soberanía” en el proceso de fijación de precios del crudo de exportación. Agregó que ahora el cálculo del precio del petróleo se hacía desde Caracas.

El informe del comisario hace una larga explicación acerca de los procesos llevados a cabo por la nueva administración de la ODPCE.

Silvestre Molero Torres concluye que las manipulaciones denunciadas y subsiguientes investigaciones conducidas durante el año 2017 llevaron a decidir el cierre de la Oficina de PDVSA en Viena, Austria, la cual había estado dirigida por el exdirector de PDVSA, Bernard Mommer y su grupo familiar. También se prescindió de los servicios de la empresa consultora JBC Energy que le prestaba apoyo a dicha dependencia.

Informó el comisario que las investigaciones sobre este caso manejado por el Ministerio Público continúan y precisó que existen personas identificadas con plena responsabilidad sobre estos hechos y han sido imputadas con los cargos pertinentes.

Caso de PDVSA Gas en Colombia

Otro caso referido en el informe del comisario Molero Torres es el que corresponde a una investigación desarrollada en 2016 por su despacho en coordinación con Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral con relación a PDVSA Gas sucursal Colombia, donde recomendaba hacer un seguimiento a las mejoras de control interno con su casa matriz PDVSA Gas S.A.

Indica el reporte que la exgerente general de la Sucursal PDVSA Gas Colombia cometió innumerables irregularidades durante su gestión, entre ellas las que enumeró la identificación de una cuenta personal del tipo Swift a su nombre en el Helm Bank en Panamá, donde recibió cobranzas por USD 112,9 millones provenientes de un transitorio convenio de suministro de combustibles de PDVSA con Ecopetrol, en Colombia, el cual estuvo vigente entre los años 2011 y 2013.

Subraya el comisario que en la contabilidad ni en la administración de la sucursal, como tampoco en los controles de la Tesorería Corporativa de PDVSA, había registros sobre estos ingresos.

También se identificaron contratos que fueron pagados, sin que existieran evidencias tangibles de que se hubieran prestado efectivamente los servicios que ellos conllevaban.

Da cuenta del arrendamiento de vehículos facturado sin evidencias efectivas del servicio recibido, con el agravante de la presencia del conflicto de interés con el Gerente de Asuntos Públicos de la Sucursal, PDVSA Gas Colombia, funcionario contratado a través de la figura de honorarios profesionales era el propietario de la arrendadora de vehículos fantasmas, y devenido en poderoso contratista de la organización, al punto de que convirtió en onerosos contratos, el objeto de su trabajo en la sucursal.

Entre otras irregularidades se evidenciaron donaciones no autorizadas por montos significativos, extralimitaciones en el uso de una tarjeta de crédito corporativa auto aprobada, destrucción de los registros y archivos de cuentas personales financiados por PDVSA, viajes a Rio de Janeiro, Nueva York y Viena para actividades ajenas a las operaciones del gasoducto, autoliquidación de prestaciones sociales pagada en divisas que normativamente no procedía, lujosas propiedades en ambos países.

Asimismo, la funcionaria figura entre los ciudadanos venezolanos con fondos depositados en la Banca Privada de Andorra y su nombre aparece entre las personas investigadas por la Comisión Rogatoria enviada a Venezuela el 22 de mayo de 2015, a instancias de una investigación del Departamento del Tesoro de los EE. UU., sobre esa institución bancaria y el lavado de dinero.

El Comisario Principal de PDVSA en junio de 2016 consignó el Informe con referencia COM-0059-2016 en el que reporta sobre los resultados de su investigación sobre la citada funcionaria y en el memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018 recomendó profundizar las investigaciones sobre la Sucursal PDVSA Gas Colombia que asegure la supervisión directa de parte de las autoridades de la filial PDVSA Gas, S.A. sobre dicha sucursal, “entendiendo que las delegaciones de autoridad no pueden ser absolutas; que se debe presentar debidas cuentas de la gestión cumplida ante las autoridades de la Casa Matriz; al tiempo de requerirse la actuación regulatoria de la alta dirección de la función Gas sobre las transacciones principales de ese negocio, y asimismo se necesita la presencia de las autoridades funcionales de PDVSA, relacionadas con los procesos Tesoreros, Contabilidad, Recursos Humanos, Asuntos Públicos y Seguridad Integral, así como del apoyo técnico, en lo que se refiere a la administración de la operación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte”.

Molero Torres subraya que las exportaciones de PDVSA a Colombia deben hacerse apegadas a las normas de control interno estipuladas por la corporación para manejar sus negocios. Por tanto, “las eventuales facturaciones por ventas de combustibles, lubricantes o cualesquiera productos al citado país, debe efectuarse a través de las filiales Commerchamp, S.A y Commercit, S.A., encargadas de estos procesos; asimismo, tales facturaciones deben ser cobradas a través de las cuentas bancarias recaudadoras de divisas por ventas al exterior, bajo el riguroso control de la Tesorería Corporativa de PDVSA. Esta recomendación es válida para todas las exportaciones de PDVSA”.

Caso Cuferca

Otro caso investigado por el despacho de Silvestre Molero Torres fue el relacionado con la empresa Cuferca, propiedad de Carlos Esteban Urbano Fermín, también bajo la lupa de la fiscalía que derivó en le detención del susodicho por el fiscal 6° de control de Barcelona, estado Anzoátegui, acusado de los delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Esto en razón de la suscripción de contratos irregulares y con sobreprecios, entre ellos la transformación de deudas contraídas en bolívares a dólares americanos, pero a la antigua tasa de Cadivi de 10 Bs. por dólar lo que le permitió que “con menos bolívares se obtuvieron más dólares”. Han trascendido, deficiencias tales como disposición de equipos viejos, en mal estado, alta inoperatividad que generaron prácticamente la paralización de las contrataciones de servicios y que por ende afectaron la producción de la Faja, al menos durante un lapso importante.

El caso Cuferca está a cargo de la Fiscalía 11 Nacional con Competencia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, con el expediente identificado con el número MP-384806-2017, y cursa en el Tribunal 52 de Control Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana-Distrito Capital con el número de expediente 52C-18.150-17. El imputado es Carlos Esteban Urbano Freites, Cédula de Identidad N° V-12.980.368.

Molero Torres refiere en el informe que en fecha 31 de enero de 2018 remitió ante la Directora Ejecutiva de Tesorería Corporativa de PDVSA, el Punto de Cuenta, con referencia COM-2018-007, solicitando información aclaratoria que explicara y fundamentara una operación contratada en bolívares, y posteriormente, convertido su pago a dólares americanos, evento que constituye la causa por la cual la firma Rodríguez Velázquez & Asociados-KPMG, ha mantenido la decisión de “Abstención de Opinión” sobre los estados financieros de la referida filial. La firma auditora argumentó que a la fecha no habían recibido la documentación de soporte suficiente y competente, del pago realizado por PDVSA Petróleo, S.A., con cargo a la filial ya referida, por un monto de USD 28.776.255,44, a favor de la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A (CUFERCA), cuando en el contrato respectivo, se contemplaba el pago únicamente en bolívares, sin que antes ni posteriormente al pago, se hayan consignados soportes que sustenten tal desembolso en divisas.

Luego de detallar la serie de operaciones llevadas a cabo por Cuferca, el comisario refiere que mediante el memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018 recomendó que las posiciones gerenciales se promueva personal que además de su preparación técnica y dominio de pericias requeridas en la operación específica a su cargo, exhiban probada excelencia ética, fortalezas morales y compromisos patrióticos.

Instó a que se definan criterios rectores en materia de contratación, que obliguen a actuar en el marco de la Ley de Contratación, la regularización del concurso de oferta y la selección de aquella más ventajosas a los intereses de PDVSA y sus filiales.

Llamó a establecer protocolos exigentes para admitir las contrataciones a través de las adjudicaciones directas, siempre en el marco de la ley advirtiendo que las excepciones, deben ser tutoradas por la alta gerencia, bajo criterios rectores e instrucciones precisas, racionales y uniformes.

Pidió delimitar y cuantificar las pérdidas y considerar el resarcimiento al patrimonio de PDVSA y solicitó registrar contra los resultados financieros del ejercicio 2017, las pérdidas establecidas en el caso Cuferca.

Lea la nota completa http://www.venezuelaaldia.com/2019/02/03/los-irregulares-casos-de-investigacion-denunciados-por-el-comisario-principal-de-pdvsa-parte-iii/

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